En un país de más de 270 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes, junto con cristianos, hindúes, budistas y miembros de otras tradiciones religiosas, la demanda de una política que sirva a la persona humana se ha convertido en un sentimiento generalizado. Los obispos del país sostienen que se trata de una crisis multidimensional que afecta simultáneamente a los ámbitos social, económico, político, ecológico y moral.
Por Paolo Affatato Las protestas que han congregado a miles de personas ante el Parlamento indonesio en las últimas semanas para manifestarse contra la corrupción son más profundas que una simple protesta política.
Las calles expresan una demanda de justicia que trasciende generaciones, religiones y clases sociales: mayor transparencia en la vida pública, instituciones responsables ante la ciudadanía, una democracia verdaderamente participativa basada en la justicia y una lucha más eficaz contra la corrupción.
El padre Aloysius Budi Purnomo, secretario de la Comisión de Relaciones Interreligiosas de la Conferencia Episcopal de Indonesia, interpreta las manifestaciones desde esta perspectiva. «En las manifestaciones de los últimos días», señaló, «no solo participaron estudiantes, sino también ciudadanos comunes, especialmente de Java Central, donde se han registrado graves casos de corrupción», enfatizando que el movimiento tiene una base ética, no religiosa.
Objetivos comunes En un país de más de 270 millones de habitantes, mayoritariamente musulmanes, con cristianos, hindúes, budistas y miembros de otras tradiciones religiosas, la demanda de una política que sirva a la persona humana se ha convertido en un sentimiento común.
El principal objetivo de la movilización fue el Parlamento.
Las demandas planteadas por la sociedad civil son, en esencia, una demanda de rendición de cuentas institucional: transparencia, democracia y justicia. «En este contexto», explicó el sacerdote indonesio Alfonsus Widhiwiryawan a los medios vaticanos, «la Iglesia Católica de Indonesia reconoce una necesidad profundamente coherente con su misión: la defensa de la dignidad humana, la promoción del bien común y la preservación de la paz».
No a la violencia Tras la conclusión de la marcha principal frente al Parlamento, a partir del 28 de agosto estallaron disturbios, atribuidos por las autoridades a grupos ajenos a los principales instigadores de la movilización.
Más de 300 personas fueron arrestadas y un civil falleció tras recibir un disparo durante los incidentes. «La exigencia de justicia pierde fuerza cuando se torna violenta; del mismo modo, la respuesta institucional debe impedir que la protección del orden público se convierta en un pretexto para reprimir la participación ciudadana», observa Saverian.
La presión de las calles Presionados por las calles, los líderes de la Cámara de Representantes firmaron un compromiso por escrito para completar y aprobar la ley de confiscación de bienes provenientes de actividades ilícitas antes del 15 de diciembre de 2026.
Esta ley otorga al Estado la facultad de recuperar bienes derivados de actividades delictivas.
El plazo del 15 de diciembre podría servir como prueba de la credibilidad de las instituciones y su capacidad para atender las demandas de la sociedad civil, mientras que los parlamentarios firmantes han prometido renunciar si la ley no se aprueba. "El verdadero desafío es construir instituciones capaces de prevenir la corrupción, perseguirla eficazmente y recuperar los recursos robados a la comunidad, sin sacrificar los principios de justicia y dignidad humana", afirmaron los sacerdotes de la Diócesis de Semarang, en Java Central, de donde provenían muchos de los manifestantes.
La "nota" de los obispos Por este motivo, la Nota Pastoral de la Conferencia Episcopal de Indonesia, publicada el 17 de agosto, Día de la Independencia, reviste especial importancia.
En el documento, los obispos hablan de una «crisis multidimensional» que afecta simultáneamente a las esferas social, económica, política, ecológica y moral.
Entre sus preocupaciones se encuentran la corrupción, la desigualdad, la fragilidad de la ética pública, el deterioro de la calidad democrática y el riesgo de que las políticas públicas se orienten más hacia los intereses de las élites que hacia el bien común.
La Iglesia no pretende sustituir a las instituciones.
Por el contrario, la nota invita a la comunidad eclesial a ser parte integral de la vida de la nación sin convertirse en una entidad partidista.
La profecía cristiana, señalan los prelados, no consiste en reemplazar la política, sino en recordarle su propósito último: el servicio al individuo y a la comunidad, y la valentía de denunciar aquello que atenta contra la dignidad humana: la corrupción, la injusticia, la desigualdad, el abuso de poder y la indiferencia hacia los más vulnerables.
Por lo tanto, el impulso profético significa escuchar el sufrimiento de las personas, interpretarlo a la luz del Evangelio y transformarlo en un llamado a la responsabilidad.