Hombres, mujeres, ancianos y niños: son miles los afganos que emigraron a Pakistán y que las autoridades están arrestando y enviando de regreso a su país de origen como parte de una campaña contra la inmigración irregular que ya dura desde hace bastante tiempo. En los campos de acogida al otro lado de la frontera con Afganistán comienzan a escasear el agua, los alimentos y los medicamentos. La ONU: una de las crisis humanitarias más graves de 2026.
Federico Piana – Ciudad del Vaticano Chaman es una ciudad fronteriza situada a 60 kilómetros de Quetta, capital de la provincia pakistaní de Baluchistán. En pocos años se ha convertido en el principal centro de concentración y expulsión de miles de migrantes afganos que son enviados de vuelta a su país sin mayores contemplaciones: hombres, mujeres, niños, familias enteras. Con frecuencia, en los campamentos de tránsito donde son alojados antes de obligarlos a cruzar la frontera hacia la localidad afgana de Spin Boldak, son mantenidos encadenados. El mismo escenario se está desarrollando en Torkham, otro paso fronterizo situado en la provincia de Khyber, al noroeste de Pakistán. Desde esa localidad, en algunos días de este mes de julio, habrían sido repatriados más de 10.000 migrantes afganos, el triple de las cifras registradas en mayo y junio, según confirman los datos de las propias autoridades locales. Repatriaciones forzosas Este fenómeno de las repatriaciones forzosas ha sido definido recientemente por las Naciones Unidas como «una de las emergencias humanitarias más graves del año». Se trata de un drama que comenzó en 2023 con una campaña gubernamental que, poco a poco, ha permitido a las autoridades pakistaníes hacer regresar, hasta ahora, a 2,56 millones de ciudadanos afganos, de los cuales 260.000 fueron formalmente deportados, ya que, a diferencia de otros, no cedieron a la presión de los arrestos y las expulsiones y no quisieron abandonar voluntariamente el país. Mujeres solas y niños Quienes no quieren marcharse son detenidos, arrestados y enviados a la frontera, incluso con muy poco tiempo de aviso. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denuncian que entre los repatriados también hay niños, mujeres solas, ancianos y personas que solo formalmente son afganas, ya que han vivido toda su vida en Pakistán. Los principales afectados son, sobre todo, quienes carecen de documentación, tienen el visado vencido o poseen un estatus temporal. Peligroso regresar Regresar a Afganistán se vuelve extremadamente peligroso porque entre los expulsados hay antiguos empleados del anterior gobierno afgano, exmiembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, activistas, jueces y mujeres comprometidas con la vida pública que, según sostienen numerosas organizaciones humanitarias, podrían sufrir represalias o discriminación por parte del gobierno talibán. Una vez cruzada la frontera, las localidades afganas fronterizas no están en condiciones de ofrecer una asistencia adecuada a un número de migrantes que crece cada día. En los centros de acogida, cuando existen, el ACNUR y la OIM intentan ayudar en la medida de lo posible, proporcionando también apoyo económico a las familias más vulnerables. Alimentos y agua Durante los primeros días, los repatriados reciben ayuda alimentaria, kits médicos y también pueden ser atendidos por un médico. Pero después ya no reciben nada más. Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, escasean el agua potable, los alimentos, los refugios temporales, el apoyo psicológico y la atención sanitaria. Afganistán atraviesa una grave crisis económica y difícilmente podrá hacer frente a la emergencia provocada por los retornos forzosos. Nuevo endurecimiento Hace poco menos de una semana, el Ministerio del Interior de Pakistán endureció una vez más la campaña contra la inmigración irregular iniciada en 2023, emitiendo una nueva orden que «impone a las fuerzas de seguridad arrestar inmediatamente a cualquier ciudadano afgano residente en el país sin un visado válido». Las administraciones locales, señala la disposición, estarán obligadas no solo a retener a «los inmigrantes indocumentados, sino también a presentar diariamente un informe detallado sobre el número de arrestos, las medidas punitivas adoptadas y la situación relativa a su reubicación». El gobierno pakistaní justifica esta medida con el objetivo de hacer cumplir las leyes de inmigración en un contexto de «creciente violencia insurgente en el territorio», que, según sostiene, sería fomentada y respaldada por los talibanes afganos.