Con ocasión del Tiempo de la Creación, seis organizaciones de las Iglesias latinoamericanas publican una reflexión sobre el diálogo en las comunidades afectadas por los efectos de la extracción minera y sobre la necesidad de garantizar que las víctimas tengan voz. Monseñor Vicente De Paula Ferreira, presidente de la Comisión Episcopal para la Ecología Integral de la Conferencia de Obispos de Brasil: para dialogar hay que caminar entre la población, que a menudo es ignorada y no es escuchada
Federico Piana - Ciudad del Vaticano Su conversión a los temas de la ecología integral tiene una fecha precisa: el 29 de enero de 2019, cuando, a las 12:28 en punto, se derrumba repentinamente la presa de la mina Córrego do Feijão, ubicada en Brumadinho, un municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
Las aguas, que contenían los desechos del procesamiento del hierro, como enormes masas de lodo y rocas finísimas, se abatieron con violencia sobre veinte municipios de la zona, causando la muerte de 272 personas.
Además, contaminaron, a lo largo de cientos de kilómetros, los ecosistemas bañados por el río Paraopeba, que quedó contaminado por esa sustancia putrefacta que se había derramado casi en su totalidad en el río.
Conversión profunda «Antes de eso, ya conocía la Laudato si' sobre el cuidado de la Casa Común, pero fue después de esta tragedia que comencé a profundizar en la propuesta de la Iglesia sobre la ecología integral».
Monseñor Vicente De Paula Ferreira, en 2019, era obispo auxiliar de Belo Horizonte, arquidiócesis que también abarca el territorio de Minas Gerais.
Inmediatamente después del incidente -que tal vez se hubiera podido evitar, ya que la investigación de la Agencia Nacional de Minería estableció que, antes del derrumbe, la propiedad había detectado anomalías en la presa que, sin embargo, nunca se comunicaron a las autoridades competentes-, el obispo se puso del lado de las comunidades locales que exigían justicia y verdad. «Quise denunciar el extractivismo sin ley, sin ética, que convierte todo, incluso la naturaleza, en algo comercializable, en una fuente de ganancias.
Inicié un verdadero cambio de perspectiva.
Y una lucha personal».
La Iglesia, en primera línea Actualmente, De Paula Ferreira es obispo de Livramento de Nossa Senhora, en el estado de Bahía, y presidente de la Comisión Episcopal para la Ecología Integral de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, y observa con orgullo y esperanza el documento titulado “Diálogo equitativo e imparcial para la transformación de los conflictos”, elaborado por seis redes eclesiales latinoamericanas que trabajan en contextos de extractivismo: la Comisión Brasileña de Justicia y Paz, la Red Ecuménica Iglesias y Minería, Pax Christi, la Red Eclesial del Gran Chaco y del Acuífero Guaraní, que opera en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil; la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, activa desde México hasta Panamá; y la Repam, la Red Eclesial Panamazónica.
Intereses insaciables En el documento -publicado con ocasión del Tiempo de la Creación, un evento ecuménico de reflexión y oración por la protección del medio ambiente que concluirá el próximo 4 de octubre- De Paula Ferreira, quien también se desempeña como obispo asesor de la Red Iglesias y Minería, encuentra todos los principios fundamentales que lo han impulsado a emprender las luchas en defensa de los territorios y las comunidades afectadas por abusos ambientales, administrativos y económicos. «Estamos viviendo -se lee en el texto- un momento de extrema gravedad para nuestro planeta y para toda la comunidad de la vida.
Existe una convergencia de intereses y necesidades insaciables que buscan preservar y ampliar las actuales estructuras de poder económico y financiero, alimentar una creciente demanda de energía y recursos naturales a cualquier costo y sostener un poderoso sistema militar que, con frecuencia, acompaña dinámicas de agresión, despojo y saqueo».
Dialogar con las víctimas La reflexión de las redes eclesiales contra el extractivismo surge de la experiencia de acompañar a quienes quedan atrapados en las consecuencias de las actividades mineras que, según sostienen, siguen generando desplazamientos, conflictos, violaciones de derechos y diversas formas de violencia. «Buscamos -se lee también en el documento- dialogar con las víctimas, dejándonos guiar por su propia experiencia y por el ejemplo de sus procesos de resistencia no violenta y de organización.
Estamos convencidos de que los cambios más profundos no pueden ocurrir exclusivamente dentro de la gramática, las reglas y los hábitos del poder, que siempre tiende a justificarse y a reproducirse». Pero el diálogo puede ser una herramienta esencial siempre y cuando se respete una condición: «Si realmente queremos hacer justicia, debemos poner en el centro de las discusiones a las poblaciones que viven en las regiones del extractivismo.
En esas zonas, hay comunidades a las que no se les escucha en absoluto».
Discernimiento social y pastoral Un diálogo equitativo, sostiene el documento, «requiere una interpretación adecuada de la realidad y de las relaciones de poder existentes entre los distintos actores, sin relativizar las asimetrías de poder».
Además, en un contexto de diálogo auténtico, «la Iglesia no puede ser considerada una observadora ni una mediadora neutral en contextos de conflicto.
Su compromiso con el diálogo surge de la opción preferencial por los marginados y de la convicción evangélica de que la dignidad de las personas más vulnerables constituye un criterio fundamental para el discernimiento social y pastoral.
Tampoco las víctimas pueden ser consideradas únicamente como personas invitadas a la mesa de nuestros diálogos, ni mucho menos como referentes lejanos o simplemente consultados de manera indirecta.
Es necesario que ocupen un lugar de reconocimiento y autoridad en los procesos de escucha promovidos por la Iglesia».
El dinero no es suficiente Después de la tragedia de 2019, precisamente para escuchar y entablar un diálogo con las comunidades afectadas por ese desastre ambiental, De Paula Ferreira decidió dejar la sede de su oficina episcopal en Belo Horizonte y mudarse a Brumadinho: «Quise vivir entre esa gente, quise caminar entre ellos: no hay otras soluciones.
La crítica que les hacemos a las grandes empresas mineras es que solo piensan en el dinero y, a menudo, están convencidas de que eso basta para reparar el daño que causan.
Pero hay algo esencial que va más allá: la espiritualidad, la cultura, el amor.
No hay suficiente dinero para hacer justicia plena».
Garantizar la información Con frecuencia, según señalan las seis redes eclesiales contra el extractivismo, uno de los principales obstáculos que impiden a las comunidades defender sus derechos frente a los grandes proyectos empresariales es la falta de información adecuada, oportuna y accesible sobre lo que se pretende llevar a cabo en sus territorios.
El documento señala que «en diversas ocasiones, las alianzas entre actores políticos y empresariales dan lugar a acuerdos preliminares que luego se presentan a las comunidades cuando el proyecto ya se encuentra en fase de ejecución, lo que exige procesos de diálogo que apuntan más a una legitimación instrumental a través de la aceptación que a una verdadera deliberación.
En este sentido, se debe garantizar la transparencia y el acceso equitativo a la información antes de cualquier proceso de negociación o decisión».